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Pleno derecho

Comenzó a regir ayer la incorporación de la Autoridad Nacional Palestina a la Corte Penal Internacional de La Haya.

Entró en vigor la adhesión de Palestina a la Corte Penal Internacional (CPI), que había sido gestionada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) después de la operación militar israelí Margen Protector, que causó la muerte de más de 2.000 personas en Gaza. La adhesión implica que la CPI podrá juzgar delitos de guerra cometidos en territorio palestino.

El ingreso al tribunal de La Haya fue posible gracias a que Palestina recibió el estatus de Estado observador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en una votación de la Asamblea General de esa organización. Ese estatus la habilita a integrarse a distintos organismos de la ONU, como la CPI.

Israel ha intentado frenar el acceso palestino a nuevos escenarios internacionales, y logró incluso que a comienzos de 2015 Estados Unidos vetara una resolución del Consejo de Seguridad en la que se reconocía a Palestina como Estado.

“Desde el día de hoy, en que Palestina se convierte formalmente en un Estado parte en el Estatuto de Roma, el mundo está cerca de poner fin a una larga era de la impunidad y la injusticia”, dijo ayer el canciller palestino, Riad al Malki, en la conferencia de prensa que dio junto a las autoridades de la CPI.

La vicepresidenta segunda de la CPI, la jueza Kuniko Ozaki, dijo que la entrada en vigor de la adhesión de Palestina supone que ésta “adquiere todos los derechos, así como las responsabilidades que conlleva ser un Estado Parte en el Estatuto”. La adhesión implica que la CPI puede juzgar los crímenes de guerra cometidos en territorio palestino ocupado (Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este) desde el 13 de junio de 2014, fecha que incluye los últimos ataques militares israelíes en Gaza.

La CPI ya tiene en curso una investigación preliminar sobre los posibles crímenes de guerra cometidos en esa ofensiva. La ANP manifestó ayer que dará tiempo a que esa investigación avance antes de presentar formalmente una denuncia contra Israel.

El tribunal podrá investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos tanto por Israel como por Hamas o cualquier otro grupo palestino. Hamas firmó la adhesión a la CPI y aceptó que sus milicianos sean juzgados por La Haya.

Sin embargo, esta aceptación podría estar sujeta a las idas y vueltas del gobierno de unidad que acordaron las facciones palestinas Hamas y Al Fatah en abril de 2014. Tras varias demoras, el gobierno se reunió por primera vez en octubre, pero múltiples factores evitan que logre hacerse efectivo. A las diferencias entre los dos partidos (que incluyen, entre otras cosas, la forma de relacionarse con Israel) se suman las dificultades de movilidad que el gobierno israelí impone a Cisjordania y Gaza.

El acuerdo de abril incluía la celebración de elecciones en octubre. Éstas se postergaron primero por la invasión israelí a la franja de Gaza, y desde entonces no se ha logrado un acuerdo para convocarlas.

A las dificultades que vive este gobierno de unidad se sumó esta semana la renuncia del vice primer ministro y ministro de Economía, Mohamed Mustafá. El portavoz del Ejecutivo de unidad, Ihad Bseiso, aseguró que la decisión de Mustafá, un prestigioso economista cercano a Al Fatah, la agrupación del presidente palestino, Mahmud Abbas, se debe a razones personales. Sin embargo, el canal de televisión Al Aqsa, vinculado a Hamas, sostuvo que su salida del gobierno se debió a la información que publicó días atrás, que vinculaba a Mustafá con actos de corrupción y prácticas monopólicas con el dinero destinado a la reconstrucción en Gaza.

 

http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/4/pleno-derecho/

 

04/04/2015 14:50 difusionpalestina Nota anterior completa. sin tema

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