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NO NOS SOMETEREMOS

Los derechos del pueblo palestino no son negociables



El pasado 24 de julio, decenas de miles de palestinos respondían contundentemente a la convocatoria de una Marcha de 48.000 palestinos “por la libertad y la dignidad nacional.” El llamamiento leía: “por la humanidad y la justicia. En contra de la ocupación israelí y los brutales ataques sobre la Franja de Gaza.” Desde ese día, convocatorias similares no han dejado de sucederse en Cisjordania, convocatorias, a las que no se ha dado ninguna cobertura mediática. La primera marcha, que partía del campo de refugiados del Ama'ari en la ciudad de Ramallah, pretendía llegar simbólicamente a la ciudad de Jerusalén, y se convocaba para la noche de Al Qader -Noche del Destino-, la noche más importante del Ramadán y la más sagrada del año musulmán.

Más allá del hecho de que se eligiera una fecha religiosa representativa, o del número de participantes, o del más de un centenar de heridos y las dos víctimas mortales resultantes, la marcha tiene un alto contenido simbólico y, sobre todo, político.

El trazado de la ruta, que no tiene más de 14 km de largo, supone un viaje por los últimos 66 años de historia y catástrofe que sigue viviendo hoy el pueblo Palestino, y pone de manifiesto de manera explicita la continuada política colonial israelí de anexión territorial y expulsión sistemática de la población palestina, para satisfacer el objetivo sionista de re-establecer un Estado [exclusivamente] judío en la tierra del Israel bíblico. Un objetivo que se materializa a través del expolio de las propiedades y mediante la eliminación, la expulsión y la sustitución progresiva del pueblo palestino por población judía.

Pero además, expone tres cuestiones políticas y de derecho clave que explicarían el supuesto fracaso del llamado Proceso de Paz y evidencian la situación de ilegalidad internacional con la que hemos inaugurado el primer cuarto del siglo XXI: 1.- la violación del derecho al retorno de los refugiados palestinos, 2.- la ocupación y la anexión ilegal de la ciudad de Jerusalén y, 3.- la búsqueda permanente de la indefinición de fronteras bendecida por el Proceso de Paz, que ha resultado en la anexión ilegal y sistemática del territorio palestino y la creación de facto de un único Estado en el que reina la discriminación, la segregación, la dominación y la expulsión sistemática del pueblo palestino, haciendo imposible la predicada solución de dos estados.

La violación del derecho al retorno de los refugiados palestinos

Naciones Unidas denomina refugiados de Palestina a “todas las personas y sus descendientes que entre junio de 1946 y mayo de 1948 vivían en la Palestina del Mandato Británico y que al finalizar la guerra de 1948, habían sido forzadas a abandonar sus hogares y propiedades originales.” Prácticamente la totalidad de la población palestina, que vivía dentro de las fronteras del territorio que pasaría a ser reconocido como el actual Estado de Israel, fue forzada a abandonar sus hogares y propiedades originales.

De los aproximadamente 1.300.000 palestinos que vivían dentro de lo que hoy es Israel, tan sólo quedarían unos 150.000 palestinos al finalizar la Guerra de 1948. Israel redujo la población palestina existente al 11'5% de la población original para así satisfacer su objetivo de crear un Estado exclusivamente judío con una minoría aceptable no judía. Algo que Israel celebra como la Independencia, los palestinos recuerdan como la “Nakba”, y es lo que hoy muchos historiadores no dudan en llamar la limpieza étnica del pueblo palestino.

La gran mayoría de los Palestinos que sobrevivieron a la Guerra, fueron forzados a huir fuera de las fronteras de Israel, y se encuentran hoy exiliados o refugiados por todo el mundo, principalmente en Cisjordania, Gaza, Jordania, Siria y el Líbano. Según Badil -Centro de Recursos sobre los derechos de residencia y de los refugiados palestinos- de un total de 10'6 millones de palestinos en todo el mundo (datos de 2008), 7'1 millones son refugiados o desplazados forzosos. Es decir, un 67% de la población total palestina ha sido forzada a abandonar sus hogares resultado de las políticas y prácticas sistemáticas de colonización, ocupación y apartheid israelíes desde 1948. De estos, 6'6 millones (93%) son refugiados de 1948, de los cuales 1'1 millones se encuentran en Gaza. La UNRWA ofrece asistencia a unos 5 millones, de los que aproximadamente un 30% sigue viviendo hoy en campos de refugiados. Además, los refugiados palestinos constituyen, según las Naciones Unidas, una tercera parte de la población refugiada mundial y es el caso de refugio más antiguo sin resolver de la historia.

De aquellos 150.000 palestinos que no cruzaron fronteras internacionales, y que permanecieron dentro de las fronteras de lo que pasaría a ser reconocido como el actual Estado de Israel al finalizar la guerra, unos 40.000 pasarían a ser desplazados internos de 1948. A todos ellos, los palestinos les llama “palestinos del interior” o “palestinos del 48”, e Israel les denomina “árabes-israelíes”. En la actualidad, constituyen aproximadamente entre un 20% y un 25% de la población total de Israel.

Pero la política de desplazamiento forzoso y expulsión del pueblo palestino no terminó al finalizar la guerra.

Israel establecería un gobierno militar sobre los palestinos que permanecieron en el interior, que duraría hasta 1966, y aplicaría toda una serie de regulaciones que les impidiera volver a sus hogares originales y que permitiera al nuevo Estado confiscar sus propiedades. La “Ley de la Propiedad Ausente” de 1950, entre otras, trataría como ausentes a todos los palestinos -los ausentes y los presentes-, para así facilitar la colonización de sus tierras. Además, Israel volvería a expulsar a aquellos que intentaron regresar a sus casas alegando razones de seguridad, y trasladó por la fuerza a aquellos que no se habían movido a lo que llamaría “pueblos refugio”, una especie de guetos que vivían en condiciones similares a los guetos palestinos de Cisjordania hoy. Los palestinos vivirían recluidos, con grandes restricciones a la movilidad y sometidos a otro sin fin de violaciones de sus derechos y libertades fundamentales.

Una vez vació los pueblos palestinos, Israel procedió a destruirlos. Según el historiador Walid Khalidi, de un total de 420 pueblos palestinos, solo 6 no fueron destruidos. En las tierras de algunos de esos pueblos Israel construiría ciudades nuevas, pero en muchos otros procedió a plantar bosques para ocultar cualquier rastro de la existencia de una población palestina anterior. La gran frase propagandística para la promoción de la inmigración judía a Israel fue la de “una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra” y esta fue la manera de escenificar la gran obra de creación del Estado judío.

En 1966, Israel levanta el gobierno militar. Los palestinos urbanos volvieron a sus ciudades de origen, accedieron a la ciudadanía israelí, pero Israel no les permitió retornar a sus casas originales, y a día de hoy siguen siendo víctimas de lo que se viene denominando “discriminación legal”. Un sin fin de regulaciones discriminatorias que limitan la participación de los palestinos en los procesos de la que dice ser “la única democracia de Oriente Próximo”, fomentan la segregación, y cuyo objetivo último es también la expulsión. Israel los considera ciudadanos, pero nunca los considerará nacionales de pleno derecho, un derecho reservado únicamente a la población judía. Muchos otros, sin embargo, nunca fueron reconocidos por el Estado de Israel y, a día de hoy, les sigue tratando como si no existieran. Son los palestinos no reconocidos, que viven en 176 pueblos, que Israel tampoco reconoce, de las áreas de Galilea y el Desierto del Néguev. Este no reconocimiento se traduce en que Israel no les abastece de ningún servicio; ni agua, ni electricidad, ni carreteras, ni transporte, ni alcantarillado, ni sanidad, ni educación. Nada. Para Israel no existen, pero sí espera que algún día se cansen y se vayan. Lo que seriamente pone en cuestión el carácter democrático del que Israel suele alardear.

Es interesante mencionar aquí, la política específica de sedentarización y expropiación forzosa que Israel llevó a cabo durante los años 50 sobre la población beduina del Desierto del Néguev -Naqab de su nombre árabe original-, ya que, hoy en día, Israel continúa violando sistemáticamente sus derechos. Israel en los años 50 forzó a los beduinos a abandonar sus tradiciones nómadas, concentrándoles en áreas específicas en el norte del Desierto. Hoy en día Israel sigue sin reconocerles, por lo que no les abastece de servicios, no les permite construir, y reiteradamente destruye los poblados donde intentan sobrevivir a estas amenazas constantes del Estado. Sin embargo, si los contabiliza en las estadísticas de población para fortalecer esa dominación demográfica que pretende tener. Claro ejemplo de la amenaza Israelí sobre este sector de la población es el poblado beduino del Araquib, que Israel ha destruido en los últimos meses nada más y nada menos que 70 veces, la última el pasado 12 de junio. Otro ejemplo de ese tanto demográfico se ha dado en las últimas semanas, cuando Israel ha contabilizado entre sus tres víctimas civiles a uno de estos beduinos que hasta ese momento Israel había tratado como si no existiera. Un beduino al que no le abastecía de ningún servicio y le negaba cualquier derecho, incluido el derecho a tener una casa digna, el derecho a la sirena antiaérea o el de tener un refugio como el resto de los israelíes. Eso si, finalmente, Israel tuvo la “deferencia” de contabilizarle como víctima civil.

Además de la discriminación legal a la que se somete a los palestinos del interior, el principal problema al que se enfrentan los palestinos hoy en día es la negativa israelí a reconocer el derecho de los palestinos a la reparación de sus propiedades confiscadas y destruidas y el derecho al retorno a sus lugares de origen. Aunque este derecho esté consagrado por el Derecho internacional y confirmado por muchas resoluciones de Naciones Unidas, en particular las resoluciones 194 (1948) y 237 (1967), Israel, 66 años después, y en contravención del Derecho Internacional, se ha negado sistemáticamente a hablar sobre este punto y sigue prohibiendo el derecho al retorno de los palestinos, incluido el derecho a decidir si quieren volver o no.

El paso por los campos de refugiados de Al-Ama'ari (1948), Qalandia (1949) y Shu'afat (1965), simbolizan esta realidad. Sus habitantes fueron expulsados en 1948 de Led, Jaffa, Ramla, y Jerusalén oeste, todas ciudades localizadas en el actual Israel. Al igual que la población de Gaza, donde aproximadamente el 80% de la población es refugiada y sus hogares y lugares de origen también se encuentran dentro del actual Israel. Ninguna de estas personas se encuentra a más de 60 km de distancia de sus casas y propiedades originales, pero Israel no les deja visitarlas y mucho menos regresar.

La ocupación y la anexión ilegal de Jerusalén Este

La política de expansión, anexión y expulsión no se terminó con el reconocimiento del Estado de Israel y la definición de sus fronteras mediante el Acuerdo de armisticio de 1949 -frontera popularmente conocida como la Línea Verde. Este Acuerdo, le reconocía a Israel el control sobre el territorio otorgado por la Resolución 181 (1947) -que imponía la partición sobre Palestina-, y además, el territorio que acababa de conquistar durante la Guerra del 48 -Galilea, gran parte Gaza y Cisjordania, y Jerusalén Oeste. Es decir, el acuerdo de Armisticio le reconocía el control sobre el 78% de la Palestina del Mandato. Pero, para Israel, esto no era suficiente.

En 1967, Israel ávido de más, ocupa la península del Sinaí egipcio, los Altos del Golán sirios, el sur del Líbano, y de lo poco que quedaba de Palestina -un 21% de la Palestina del Mandato- Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, estableciendo rápidamente un gobierno militar para todo el nuevo territorio ocupado. Sin embargo, la meta prioritaria sería y sigue siendo el control total sobre la ciudad de Jerusalén.

El Sionismo, una ideología nacionalista más, nacida en el siglo XIX a la luz de la configuración de los Estados Nación en Europa, no ha dejado de utilizar como táctica la revitalización de referencias bíblicas e instituciones de la antigüedad, alegando que el judaísmo era algo más que una religión, para poder llenar de contenido la idea nacionalista de la existencia de una nación judía. Una consigna identitaria inexistente en el momento de formación de esta ideología. Una vez conseguido el objetivo de tener un Estado con un territorio, una bandera, un mismo idioma -el hebreo moderno se crea a principios del siglo XX con este fin- y un ejército que demostrara el poder de dicho Estado, entre los objetivos del Sionismo, el más importante sería el de imponer la soberanía judía sobre la ciudad de Jerusalén. De éste modo llenaría de contenido práctico las que hasta entonces habían sido tan sólo referencias bíblicas, para así consolidar la justificación identitaria del Estado de Israel. Una táctica dirigida principalmente a su propia población, y más allá de esta, al mundo entero. Como señala la Ley Básica sobre Jerusalén, “Se dará especial prioridad a Jerusalén en las actividades de las autoridades del Estado con el fin de promover su desarrollo en materia económica y de otro tipo.” Aunque la dominación de Jerusalén implique una violación de Derecho, este objetivo siempre ha estado en el imaginario político israelí por encima del derecho.

Con este fin, una vez ocupa Jerusalén Este, Israel procede inmediatamente a unificar el Oeste y el Este de la ciudad, declarándola capital “única e indivisible” del Estado en contra del Derecho Internacional, que establece que su capital legal es Tel Aviv. Para consolidar esa declaración contraria a Derecho elabora, hasta el día de hoy, toda una serie de regulaciones encaminadas a ampliar la extensión territorial de la ciudad -incorporando progresivamente los pueblos de la periferia, ganando terreno a la Cisjordania ocupada- ampliando así el perímetro original de la ciudad, y aplica políticas destinadas a expulsar a la población palestina para progresivamente cambiar la composición demográfica de la ciudad y judaizarla.

El proceso de anexión y expulsión en Jerusalén que comienza en 1948 y se estructura con la ocupación de 1967, se consolidará definitivamente con el Proceso de Paz. Sobre todo y de manera más imperativa desde el año 2002, con la construcción de un Muro de hormigón cuyo fin último es anexionarse más territorio, aislar completamente Cisjordania de Jerusalén, y concluir con el vaciamiento total de la población palestina original de la ciudad.

Entre el largo abanico de medidas que Israel viene aplicando, para consolidar el dominio territorial sobre la ciudad y poder modificar la balanza demográfica en su favor, destacan: la expulsión forzosa de grupos de población palestina de áreas concretas, la ocupación directa de casas palestinas por colonos israelíes con el apoyo y la protección institucional, la denegación de permisos de construcción, la demolición sistemática de casas, la confiscación directa de tierras palestinas y la revocación de permisos de residencia, entre otras. Quizá, estas dos últimas sean las más extensivas y agresivas. Israel confisca tierras palestinas para la construcción de nuevas colonias/asentamientos de uso residencial, institucional, arqueológico o turístico; también para la construcción de carreteras y un tren ligero que comunican las colonias entre sí; para la construcción del Muro de Anexión y Apartheid o simplemente las declara áreas de seguridad para guardarlas en la reserva para futuras construcciones. Por otro lado, la revocación de permisos de residencia suele responder a razones de lo más perverso, desde no haber cumplido con un mínimo consumo de servicios obligatorios, donde los mínimos suelen ser muy altos; pasando por la elaboración de regulaciones segregacionistas o de Apartheid relativas a la vivienda, la salud o la educación; hasta imponer restricciones a la reunificación familiar, siempre en detrimento de los habitantes palestinos de Jerusalén. Desde 1967 se han revocado 180.000 permisos de residencia de la población palestina de Jerusalén Este.

Israel aprovecha los picos de tensión -como es la última agresión sobre la Franja de Gaza- para elaborar nuevas leyes que bloqueen cualquier posibilidad de negociar el destino de Jerusalén. Durante los últimos bombardeos parece que ha legislado tres veces en relación a Jerusalén. Regulaciones que hoy en día son irrevocables dado que a principios de este año 2014, la Knesset ratificó la Ley General del Voto, por la que se requiere una mayoría de dos tercios para modificar cualquier ley, blindando herméticamente esa posibilidad. Una ley abusiva que coloca los derechos del pueblo palestino en un punto de indefensión total.

Todas estas medidas son contrarias al Derecho Internacional. El IV Convenio de Ginebra (IVCG) y el Reglamento de la Haya de 1907 (RH) lo dejan claro: la potencia ocupante no podrá forzar el traslado ni de individuos ni de grupos de la población local, ni tampoco podrá trasladar a su población civil al territorio que ocupa (Art. 49, IVCG) y el poder ocupante no podrá reclamar la soberanía sobre el territorio que ocupa, y tampoco podrá destruir ni deteriorar las propiedades del territorio ocupado, siendo todos estos actos punibles (RH).

Que la marcha de los 48.000 pasara por Qalandia, el control militar construido en el Muro que separa Ramallah de Jerusalén, o a mayor escala, que separa el norte de Cisjordania de Jerusalén, pretende poner de manifiesto este aislamiento total de Cisjordania de la ciudad ocupada de Jerusalén Este; y también quiere poner en evidencia que el Muro junto con un intrincado sistema de carreteras exclusivas para colonos y controles, se encargan de blindar la ciudad.

A día de hoy, Jerusalén Este -incluida la Ciudad Vieja- capital legítima y reconocida por el Derecho Internacional, es el territorio de la Palestina ocupada que más sufre las políticas de anexión y expulsión del régimen Israelí. La comunidad internacional por su parte, nunca ha reconocido la anexión ilegal de Jerusalén, pero tampoco ha hecho nada por impedírselo, convirtiéndose en cómplice de este proceso. El resultado: en 2014 tan sólo un 37% de la población total de la ciudad de Jerusalén es palestina.

La indefinición de fronteras, el Proceso de Paz y la inviabilidad de la solución de dos estados

Finalmente, la perversión intrínseca al Proceso de Paz y la complicidad occidental en esta perversión, se pusieron de manifiesto al dejar abierta la posibilidad de negociar unas fronteras ya fijadas en 1949 y predicar al mismo tiempo la creación de dos estados sobre aquellas mismas fronteras que se pretendían modificar. La primera premisa hacía efectivamente imposible la segunda. Dejar abierta la posibilidad de modificar aquellas fronteras establecidas en 1949 no ha hecho más que ayudar a Israel a extender la anexión y la fragmentación territorial de lo poco que quedaba de Palestina, le ha permitido fortalecer la ocupación, y le ha dado luz verde para consolidar un sistema de discriminación institucional sobre la totalidad de la población palestina, que va más allá del Apartheid en Sudáfrica; lo que desde mediados de los 90 hace totalmente inviable la voceada solución de los dos estados.

La realidad que se configura desde el comienzo del Proceso de Paz sobre el terreno, es la de la creación de un único Estado, pero un Estado controlado en su totalidad por Israel mediante un sistema de exclusión, segregación, aislamiento y dominación extremadamente violento, donde el hurto de más territorio y la discriminación etno-religiosa son la norma. Un sistema cuyo objetivo es garantizar la supremacía de la población judía-israelí en detrimento de los derechos fundamentales de la población palestina o cualquier otra persona que no sea judía. Un sistema dirigido a las expulsión final de la población local originaria y su sustitución por una población judía. Un sistema que ya empezó a dar sus pasos dentro de Israel en 1948 y que se consolidará para todo el territorio de la histórica Palestina a partir de la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993 (Oslo I).

Nunca antes se habían confiscado tantas tierras palestinas, construido tantos asentamientos, tantas carreteras exclusivas para colonos, tantos controles militares como desde el comienzo del Proceso de Paz. Nunca antes se había aislado de tal modo a unos palestinos de otros, fragmentando el territorio y recluido a la población palestina en pequeños guetos separados y aislándolos entre sí. Desde aquellos Laboristas, que muchos pudieron pensar “moderados”, hasta el día de hoy con el Likud, el llamado Proceso de Paz le ha ido como anillo al dedo a Israel y a la ideología sionista. El llamado Proceso de Paz con el beneplácito de la llamada comunidad internacional, no ha hecho más que proporcionar y facilitar a Israel el limbo espacial y temporal necesario para consolidar y avanzar rápidamente el proyecto de anexión territorial y expulsión del pueblo palestino sin que se notara demasiado. No ha hecho más que ayudar a la ideología sionista a crear aquel Estado exclusivamente judío en la Tierra del Israel bíblico y que, por ahora, se materializa a costa de la eliminación progresiva del pueblo palestino y la radicalización de tendencia fascista de la población judía-israelí. No ha hecho más que evidenciar que Israel renunció desde su creación al carácter democrático del Estado que dice ser. El llamado Proceso de Paz, legalizó con el beneplácito de la llamada comunidad internacional el proceso de anexión, expulsión y discriminación que comenzó en 1948.

Progresivamente, esta farsa, se ha hecho cada vez más evidente a los ojos del mundo. Los mismos plazos recogidos en los Acuerdos de Oslo expondrían esta realidad. Los últimos bombardeos sobre la Franja de Gaza, también.

Una vez finalizaran los 5 años de periodo interino desde que se firmó Oslo I en septiembre de 1993, israelíes y palestinos estaban obligados a sentarse a negociar el status final de los acuerdos. Había que poner sobre la mesa de negociación estos tres grandes temas sobre los que Israel no quería oír ni hablar: unas fronteras que jamás quiso definir, ya que sus pretensiones territoriales eran mucho mayores de las que la legalidad internacional le concedía; una ciudad que se había anexionado de manera ilegal, Jerusalén; y un derecho al retorno que se negaba a aceptar ya que pondría en peligro la pretendida supremacía demográfica de la población judía sobre la árabe.

El limbo que había ofrecido el Proceso de Paz había llegado a un punto de no retorno. La alternativa a corto plazo era provocar una crisis de tal magnitud que justificara la parálisis del proceso negociador, y al tiempo, ocultara las cartas negacionistas de Israel, poniendo el peso de esta negación sobre los palestinos. Esta gran crisis, que calentaría motores a partir de 1993 por la decepción ante el cumplimiento parcial de los Acuerdos, sumado a la política sistemática israelí de castigos colectivos en la forma de cierres y bloqueos que tendría un impacto extremadamente negativo -sobre todo económico- sobre la población palestina, llegaría a su pico de máxima intensidad a principios del año 2000 cuando Israel intensifica la política de arrestos en masa e incursiones militares, similares a las que hemos vuelto a ver durante las semanas anteriores a los últimos bombardeos sobre la Franja de Gaza. Esta gran crisis que ocultaría la negativa israelí a negociar estas tres cuestiones clave, será lo que a finales del mismo año, ya con el Likud en el poder, resulte en lo que se llamaría la II Intifada (2000).

Israel tenía la excusa perfecta para no sentarse a negociar y luz verde para seguir consolidando su proyecto colonial. Será en esos años cuando exporte, en el año 2002, la construcción de un Muro que ya había empezado a construir en Gaza en el año 1994; un Muro que le permite anexionarse todavía más territorio e inmovilizar y fragmentar aún más a la sociedad palestina; un Muro que consolidará de forma visible un sistema de Apartheid basado en la exclusión, la segregación etno-religiosa y racial, y la subyugación del pueblo palestino; un Muro que el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya el 9 de junio de 2004 declaraba ilegal y exigía su desmantelamiento, pero cuya sentencia hoy, diez años después, sigue sin cumplirse.

Ese mismo año 2004 moriría Arafat -envenenado, como investigaciones posteriores han demostrado-, poniendo fin a la era del revolucionario palestino para entrar en la era de una Autoridad Nacional Palestina (ANP) mucho más dócil a las pretensiones tanto internacionales como Israelíes.

Israel de nuevo aprovecharía la coyuntura para ir más allá, al contar con el apoyo mucho más explícito de una comunidad internacional que tiene sus propios intereses en la región. En 2005 Israel decidiría extraer a sus colonos de la Franja de Gaza, mediante lo que llamó el Plan de Desconexión de Gaza. Un plan que pretendía, por un lado, crear el imaginario de que la ocupación de Gaza había terminado -algo irreal ya que el control y la dominación de la Franja de Gaza desde el exterior sigue siendo una ocupación ilegal según el Derecho Internacional- y, por otro, consolidar la separación y la desconexión total y efectiva entre Gaza y Cisjordania. Las presiones, promesas y la inyección de capital de la comunidad internacional para la creación de un Estado imposible, debido a la tolerancia de una ocupación extremadamente violenta que no hacía más que reducir los derechos del pueblo palestino a la nada, resultaron en el rechazo de la corrupción política y económica del gobierno de la ANP, dando lugar a la victoria de Hamas en las elecciones de 2006; una nueva excusa para justificar la agresividad extrema de la política colonial Israelí.

La comunidad internacional, que llevaba años alimentando el fantasma del terrorismo islámico, por sus propios intereses geopolíticos y económicos en la región, no tardó en condenar los resultados y declarar al Gobierno recién elegido democráticamente, organización terrorista. Durante el año siguiente trataría de imponer un Gobierno de la ANP afín a los intereses occidentales, Israel y sus aliados árabes, sobre la Franja de Gaza. Lo que terminaría en el año 2007 en la expulsión por parte de Hamas de los detractores del resultado electoral y en el fortalecimiento mediático por parte de la comunidad internacional de un gobierno en Cisjordania, ilegal, al que llamó de emergencia, pero favorable a sus intereses. Será entonces cuando Israel consolide un bloqueo que ya había comenzado en 1994 sobre la Franja de Gaza, pero que a partir de ese momento va a ser total. Será también entonces cuando la llamada comunidad internacional comience a garantizar oficial y públicamente la impunidad del ocupante, y a avalar la perpetuación de un bloqueo inhumano, ilegal y las sucesivas y aberrantes masacres televisadas que Israel ejecuta sobre la totalidad de la población palestina de la Franja de Gaza, presentando así de manera explicita la violación sistemática de la llamada comunidad internacional de las obligaciones que le impone el Derecho Internacional. En concreto el Artículo 1 del IV Convenio de Ginebra que obliga a las Altas Partes contratantes “a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las circunstancias.” Y otro sin fin de complicidades criminales más que llegaremos a ver en caso de que se restituya el Imperio de la Ley. Esta es la lógica política del violento espectáculo que hemos estado presenciando en los últimos años y de manera más evidente en las últimas semanas.

Ante esta situación y desde el comienzo de la última agresión israelí, la población palestina en su totalidad, la de Gaza, la de Cisjordania, la del interior de Israel y la del exilio, así como algunas pocas voces disidentes israelíes y judías del mundo, no han dejado de llamar públicamente a la ciudadanía global a actuar mediante el apoyo a la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS) Una herramienta de resistencia pacífica, que da la oportunidad a cualquier persona del mundo a actuar de manera individual y ética para forzar a los poderes del mundo a cumplir con sus obligaciones legales y poner fin a esta injusticia e ilegalidad. Las marchas por la libertad y la dignidad nacional de los 48.000 palestinos que comenzaron el pasado 24 de julio son una manifestación más de este llamamiento, además de una declaración pública contundente y clara, por la que el pueblo palestino mira de frente a Israel y sus aliados, y les comunica que no van a renunciar a ninguno de sus derechos por mucho que lo intenten. El mensaje es claro, el pueblo palestino le grita al mundo que no se va a someter y que sus derechos no son negociables.



Hanady Muhiar es licenciada en CC. Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, y está a punto de presentar una tesis doctoral sobre la historia del Movimiento de Mujeres en Palestina, lleva 25 años dedicada a investigar la ocupación Israelí de Palestina y la región de Oriente Medio desde una perspectva geopolítica y Teoría (Post) Colonial. Ha trabajado también como cooperante en Palestina en diferentes momentos desde 1995, la última, entre 2008-2012. Y es miembro activo de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones en Madrid. 

16-08-2014, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188499

16/08/2014 12:03 difusionpalestina Nota anterior completa. sin tema

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